4 de octubre de 2024, 02:18 h.

Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, anunció este jueves una propuesta de reforma del sistema de bajas laborales en España, con la finalidad de que, en ciertos casos, los trabajadores en situación de incapacidad temporal puedan regresar voluntariamente a sus puestos de trabajo. Esta iniciativa, que pretende flexibilizar las condiciones para determinados grupos de empleados, ha generado una fuerte polémica dentro del Ejecutivo, particularmente con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

Saiz argumentó que esta reforma es necesaria debido al preocupante aumento de las incapacidades temporales en los últimos años, lo que ha disparado el coste de estas prestaciones hasta niveles insostenibles tanto para el Estado como para las empresas. Según la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT), en 2023 se registraron más de 8,1 millones de bajas por enfermedades y accidentes no laborales en España, lo que supuso un coste total de 25.326 millones de euros. De esta cantidad, 13.081 millones fueron sufragados por la Seguridad Social, mientras que los otros 12.245 millones fueron asumidos por las empresas. Estas cifras reflejan un incremento del 74% en los últimos cinco años.

Propuesta para flexibilizar las bajas médicas

La ministra Saiz detalló que su propuesta se basa en permitir que, bajo supervisión médica y de forma voluntaria, los trabajadores puedan compatibilizar la baja temporal con una reincorporación gradual a sus empleos en casos específicos. Según la ministra, esta medida no solo favorecería la recuperación de algunos pacientes, sino que también aliviaría la presión económica sobre la Seguridad Social y las empresas. Entre los ejemplos que mencionó el Ministerio se encuentran trabajadores que, a pesar de estar en tratamiento oncológico, podrían desempeñar su trabajo de forma parcial o total.

“Lo que planteamos es una opción para que, bajo determinadas condiciones y siempre con la autorización de un médico, los trabajadores puedan reincorporarse progresivamente a su empleo. Esta medida sería completamente voluntaria, garantizando que la salud del trabajador sigue siendo la máxima prioridad”, indicó Saiz durante su intervención.

Oposición de Yolanda Díaz y del Ministerio de Trabajo

No obstante, Yolanda Díaz manifestó su rechazo a la propuesta de manera inmediata a través de las redes sociales. La vicepresidenta segunda, que además es titular del Ministerio de Trabajo, advirtió sobre los riesgos de “jugar” con la salud de los empleados. “La incapacidad temporal tiene una única finalidad: proteger la salud de los trabajadores. No hay más opciones. Ni flexibilidad ni parcialidad; con la salud no se juega”, publicó Díaz en X (antes conocido como Twitter).

Desde el Ministerio de Trabajo, se subrayó que la incapacidad temporal es un derecho orientado a salvaguardar la salud de los empleados, y que cualquier flexibilización debe abordarse desde la perspectiva de la prevención de riesgos laborales. “La incapacidad temporal no es negociable y debe gestionarse estrictamente bajo criterios médicos y preventivos”, indicaron fuentes del Ministerio. A pesar de esto, dejaron abierta la posibilidad de estudiar la reincorporación escalonada en casos excepcionales, como tras largas enfermedades, siempre y cuando se priorice la salud del trabajador.

Impacto en el diálogo social

El anuncio de Saiz también tomó por sorpresa a los agentes sociales. Tanto sindicatos como patronales ya habían sido convocados a una mesa de diálogo sobre la prevención de riesgos laborales, pero la reforma fue hecha pública antes de que comenzaran oficialmente las negociaciones. Fuentes cercanas a las discusiones expresaron su malestar, señalando que una medida de tal envergadura necesita el consenso de todas las partes involucradas.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) adoptó una postura cautelosa frente a la propuesta, argumentando que es necesario analizar cuidadosamente el impacto que cualquier modificación en el sistema de bajas podría tener sobre la competitividad empresarial y los derechos laborales. Por otro lado, los sindicatos manifestaron su preocupación por el riesgo de que los empleados sean presionados para volver a trabajar antes de estar completamente recuperados.

El elevado coste de las incapacidades temporales

El contexto de esta controversia es el incremento en el gasto por incapacidades temporales tanto para el Estado como para las empresas. Según los datos de AMAT, en los últimos cinco años el coste de las bajas laborales ha aumentado un 74%, un crecimiento que se debe en gran medida al envejecimiento de la población activa y al incremento de enfermedades crónicas y de larga duración, como el cáncer. Este aumento ha generado una enorme presión sobre las finanzas públicas y los presupuestos empresariales, que deben asumir su parte del coste de las prestaciones.

Ante este escenario, desde el Ministerio de Seguridad Social insistieron en que cualquier cambio en la normativa estará sujeto a estrictas garantías para asegurar que la salud de los trabajadores no se vea comprometida. “No se trata de obligar a nadie a reincorporarse antes de tiempo, sino de ofrecer una alternativa para aquellos que, bajo indicación médica, puedan beneficiarse de una reincorporación progresiva”, explicaron fuentes del Ministerio.

El debate apenas comienza, pero se perfila como uno de los más complejos en el contexto actual, ya que confluyen intereses económicos, sociales y de salud pública en un momento crítico para la sostenibilidad del sistema de protección social en España.