Madrid, 25 de septiembre de 2024 (EFE).- El Gobierno de España ha optado por aplazar la votación de la senda fiscal, un paso crucial en el proceso de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que estaba programada para este jueves. La medida busca evitar una nueva derrota en el Congreso, similar a la sufrida en la votación anterior, cuando el proyecto fue rechazado con los votos de PP, Vox y Junts. Esta decisión refleja los desafíos que enfrenta el Ejecutivo, que se ve obligado a intensificar sus negociaciones con los partidos parlamentarios en un contexto político cada vez más complejo.
¿Qué implica la senda fiscal?
La senda fiscal define los límites de déficit y deuda pública que deben respetar las diferentes administraciones del Estado en los próximos tres años. Este plan es esencial, ya que establece el marco para la elaboración de los presupuestos del siguiente año. En este sentido, el déficit público se distribuye entre el Estado, la Seguridad Social, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, asignando objetivos específicos para cada entidad.
España está bajo un sistema de control fiscal supervisado tanto por autoridades nacionales como europeas, que exige que las administraciones mantengan el déficit dentro de ciertos parámetros para garantizar la sostenibilidad económica. Si bien estos límites pueden ajustarse según las condiciones económicas, la senda fiscal es un referente clave para la política presupuestaria.
Razones del aplazamiento
En la votación de julio de 2024, el Gobierno sufrió un duro revés cuando la senda fiscal fue rechazada en el Congreso con los votos en contra del Partido Popular (PP), Vox y Junts per Catalunya (Junts). Este resultado evidenció la fragilidad del apoyo parlamentario al Gobierno de coalición liderado por PSOE y Unidas Podemos. Ahora, el Ejecutivo enfrenta una mayor presión para conseguir acuerdos con otros partidos.
La aprobación de la senda fiscal es esencial para avanzar en la redacción de los Presupuestos Generales del Estado, ya que sin ella no es posible planificar los ingresos y gastos del próximo ejercicio. Ante esta situación, el Gobierno ha decidido retrasar la votación para ganar tiempo y asegurar los apoyos necesarios, en particular de Junts, un partido clave que ha mostrado reticencias en cuestiones fundamentales como esta.
Consecuencias del retraso
El aplazamiento de la votación tiene varias implicaciones inmediatas. En primer lugar, el Gobierno no podrá presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2025 dentro del plazo legal, que vence el 1 de octubre. No obstante, este margen podría extenderse, lo que genera incertidumbre sobre la viabilidad de los presupuestos.
Si el Congreso no aprueba una nueva senda fiscal, se mantendrá el marco actual, lo que implicaría un control fiscal más estricto sobre las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Según el Ministerio de Hacienda, la senda fiscal vigente, elaborada en un contexto económico diferente, impone mayores restricciones al gasto público, lo que podría generar tensiones con las administraciones locales y autonómicas.
Este escenario es especialmente delicado en un momento en el que muchas comunidades autónomas enfrentan presiones financieras debido al aumento de los costes de los servicios públicos y a la recuperación económica tras la pandemia. La falta de una senda fiscal actualizada podría complicar aún más la planificación presupuestaria de estas administraciones.
El papel de Junts y las negociaciones clave
El Gobierno deberá redoblar sus esfuerzos para negociar con Junts, un partido catalán que ha mostrado resistencia a apoyar al Ejecutivo en temas críticos. A pesar de su postura independentista, Junts se ha convertido en un actor decisivo en la fragmentada aritmética parlamentaria actual.
Además de contar con el apoyo de Junts, el Gobierno necesitará el respaldo de otros partidos minoritarios y regionalistas que han expresado sus dudas sobre la política fiscal del Ejecutivo. Estas negociaciones no solo son cruciales para la aprobación de la senda fiscal, sino también para garantizar la viabilidad de los presupuestos de 2025 en un Congreso profundamente dividido.
Escenarios posibles si no se aprueba la senda fiscal
Si no se consigue aprobar una nueva senda fiscal, el Gobierno podría verse obligado a aplicar un marco más restrictivo, lo que dificultaría la implementación de proyectos clave, especialmente en sectores que requieren un mayor gasto público, como la sanidad, la educación y las infraestructuras. Esto también podría aumentar las tensiones con los gobiernos regionales, muchos de los cuales ya han expresado su preocupación por la falta de recursos para cumplir con sus compromisos financieros.
Además, la ausencia de una nueva senda fiscal podría afectar la confianza de los mercados internacionales. Los inversores estarán atentos a la capacidad del Gobierno para gestionar su política fiscal de manera efectiva. Un fracaso en la aprobación de esta medida clave podría elevar la prima de riesgo del país y aumentar los costes de financiación del Estado.
El aplazamiento de la votación de la senda fiscal pone de relieve las dificultades a las que se enfrenta el Gobierno en un Parlamento fragmentado, donde las negociaciones con partidos clave son esenciales para la gobernabilidad. El Ejecutivo deberá llegar a acuerdos con Junts y otros grupos parlamentarios para asegurarse los apoyos necesarios. Si no lo logra, podría verse forzado a aplicar un marco fiscal más restrictivo, lo que dificultaría la gestión de los presupuestos y podría afectar la estabilidad económica del país en los próximos años.