El régimen cubano amenaza con incrementar la represión contra quienes protesten por el apagón total en la isla

El régimen cubano, encabezado por el dictador Miguel Díaz-Canel, advirtió el domingo 20 de octubre que no tolerará ninguna alteración del orden público en medio de la creciente tensión en la isla debido al apagón total que afecta al país desde hace dos días. En un mensaje transmitido por la televisión estatal, Díaz-Canel informó sobre la detención de varios ciudadanos, quienes serán procesados por lo que el gobierno considera comportamientos “indecentes” y actos de “vandalismo” que alteran la “tranquilidad ciudadana”.

El dictador, vistiendo uniforme militar, señaló que durante la noche del sábado algunas personas salieron a las calles en un intento de “causar disturbios del orden público”. Díaz-Canel subrayó que todos los participantes en dichas manifestaciones serán procesados con el “rigor” establecido por las leyes revolucionarias, advirtiendo que las autoridades no dudarán en aplicar medidas más severas contra aquellos que desafíen al gobierno.

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Las manifestaciones ocurrieron en varias localidades, donde los residentes salieron a protestar golpeando cacerolas como señal de descontento ante la falta de electricidad. En particular, se reportaron protestas en el barrio de San Miguel del Padrón, ubicado en las afueras de La Habana. En redes sociales, también circularon videos de cacerolazos en otros municipios, lo que provocó que el gobierno intensificara la presencia policial desde el viernes, desplegando patrullas y agentes en los principales cruces de la capital.

La causa de las protestas es la creciente crisis energética que enfrenta Cuba, la cual ha provocado que el país experimente tres apagones totales en menos de tres días. El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó el domingo sobre el tercer fallo total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), el cual afectó a la totalidad del territorio. Según un comunicado difundido en redes sociales por el Minem, “hace unos minutos se produjo otra desconexión del sistema eléctrico”, asegurando que los trabajos para la restauración del servicio comenzaron de inmediato.

El primer apagón, que según el gobierno fue un evento de “cobertura energética nacional cero”, ocurrió el viernes por la mañana debido a una falla “imprevista” en una de las plantas eléctricas clave para el SEN. Esta avería desestabilizó el sistema completo, dejándolo sin capacidad de proveer energía a todo el país.

Los cortes de energía han sido una constante en los últimos años, pero la situación ha empeorado significativamente en las últimas semanas. En días recientes, se han registrado jornadas en las que los cortes de electricidad han superado el 50%, lo que significa que más de la mitad del país se ha quedado sin electricidad al mismo tiempo en ciertos momentos. La situación ha desatado una ola de descontento social, que se suma a la profunda crisis económica que atraviesa la isla.

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La crisis energética está afectando gravemente la economía cubana, que ya venía arrastrando problemas. Según datos oficiales, el Producto Interno Bruto (PIB) de Cuba se contrajo un 1,9% en 2023, y la economía aún no ha recuperado los niveles previos a 2019. La falta de energía eléctrica ha perjudicado la producción industrial, el comercio y los servicios básicos, agravando una situación económica que ya era complicada debido a la falta de divisas, el endurecimiento del embargo estadounidense y la disminución del turismo, una de las principales fuentes de ingresos del país.

Además, la falta de electricidad ha empeorado las condiciones de vida de la población, que ya enfrenta problemas como el desabastecimiento de alimentos y medicinas, así como la falta de acceso a bienes de primera necesidad. Estas circunstancias han aumentado las tensiones sociales y el descontento popular, especialmente en las zonas más afectadas por los cortes de luz.

Los expertos consideran que las fallas del sistema eléctrico han sido catalizadores clave para las principales protestas antigubernamentales de los últimos años. Entre las más significativas se encuentran las manifestaciones del 11 de julio de 2021, las más grandes en décadas, así como las protestas ocurridas en La Habana y Nuevitas en agosto de 2022, y las de Santiago de Cuba en marzo de 2024.

En respuesta a las protestas, el gobierno cubano ha minimizado la magnitud de las manifestaciones. El ministro de Energía y Minas, Vicente de La O Levy, desestimó las quejas populares y declaró que las interrupciones del suministro eléctrico son consecuencia de la falta de recursos para mantener las plantas generadoras en funcionamiento. Sin embargo, afirmó que la situación está bajo control y que los trabajos para restablecer el servicio avanzan a buen ritmo. Según el ministro, la mayoría de los consumidores volverían a tener electricidad “el lunes” y el “último cliente podría estar recibiendo energía el próximo martes”.

A pesar de estas declaraciones, las imágenes de las protestas han seguido circulando en redes sociales, y el malestar entre la población ha ido en aumento. Muchos cubanos han utilizado estas plataformas para denunciar las dificultades que enfrentan debido a los apagones, y algunos han hecho llamados a continuar las manifestaciones hasta que se restablezca por completo el servicio eléctrico.

Los cortes de energía han sido un problema recurrente en Cuba, pero en los últimos años se han vuelto más frecuentes y prolongados. Esto ha exacerbado las tensiones en un país que ya enfrenta múltiples crisis simultáneas, incluida una escasez crónica de productos básicos y una creciente inflación. Los apagones y la crisis energética no solo afectan la vida cotidiana de los ciudadanos, sino que también dificultan el funcionamiento de la economía en general, aumentando el descontento social.

El aumento de la represión por parte del régimen también ha sido una constante en los últimos años, con un endurecimiento de las medidas contra cualquier forma de disidencia o protesta. Desde las manifestaciones masivas de 2021, el gobierno ha intensificado su control sobre la sociedad, imponiendo severas restricciones a la libertad de expresión y de reunión, y utilizando el aparato de seguridad del Estado para sofocar cualquier intento de protesta.