La Fiscalía del Tribunal Supremo ha abierto una investigación para indagar si el eurodiputado Alvise Pérez recibió financiación irregular en su campaña para las elecciones europeas de junio de 2024. Esta acción fue motivada por una denuncia presentada por el empresario de criptomonedas Álvaro Romillo, quien afirmó haber entregado 100.000 euros en efectivo a Pérez, una suma que sobrepasa los límites legales de financiación establecidos para partidos políticos.
La denuncia y las pruebas aportadas
El pasado 19 de septiembre, Romillo interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, que posteriormente fue remitida a la Fiscalía del Tribunal Supremo, responsable de investigar a los eurodiputados. Además, se recibió una ampliación de la denuncia, en la cual se detallan más aspectos del presunto pago.
Según lo reportado por Eldiario.es, Romillo declaró que el 27 de mayo de 2024, pocos días antes de las elecciones del 9 de junio, entregó personalmente 100.000 euros a Alvise Pérez. Como evidencia, el empresario proporcionó mensajes intercambiados con el eurodiputado a través de la aplicación Signal, en los cuales se confirma la entrega y la recepción del dinero. “Todo ok! 100.000 gracias, Luis”, habría respondido Pérez, confirmando así la transacción.
De acuerdo con la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos en España, las donaciones privadas no deben superar los 50.000 euros por año, y cualquier donación que exceda los 25.000 euros debe ser notificada al Tribunal de Cuentas. Si se comprueba que estos fondos no fueron declarados, Pérez podría enfrentar cargos por financiación ilegal de partidos, un delito que puede conllevar penas de uno a cinco años de prisión, según lo estipulado en el Código Penal.
La implicación de Romillo en otros casos judiciales
Álvaro Romillo, fundador de Madeira Invest Club (MIC), cerró su empresa de forma repentina, afectando a alrededor de 3.000 inversores que han denunciado al empresario por una supuesta estafa piramidal. Parte de esos inversores han solicitado que la Audiencia Nacional extienda la investigación a Pérez, ya que consideran que el dinero entregado podría estar relacionado con las actividades fraudulentas de Romillo. El abogado de los afectados ha solicitado que el caso sea remitido al Tribunal Supremo.
Romillo, también conocido en las redes como Luis Cryptospain, ha explicado en su denuncia que su vínculo con Pérez comenzó en marzo de 2024, cuando el político le propuso crear una “wallet” o cartera digital para que sus seguidores pudieran hacer donaciones de manera anónima y cifrada. El objetivo de estas donaciones, según Romillo, era obtener información sobre presuntos casos de corrupción que pudieran ser utilizados en procesos judiciales o a nivel mediático.
Posteriormente, debido a la urgencia de recaudar más fondos para la campaña, Romillo le ofreció a Pérez la suma de 100.000 euros en efectivo, que fue entregada en la sede de Sentinel, una de las empresas de Romillo. Según los mensajes proporcionados como evidencia, Pérez agradeció la donación y se comprometió a promocionar las empresas de Romillo entre sus seguidores como una forma de reconocimiento por el apoyo recibido.
Posibles repercusiones legales
La legislación española prohíbe que personas físicas o jurídicas hagan donaciones a partidos políticos que superen los 50.000 euros anuales. Además, las donaciones superiores a 25.000 euros deben ser reportadas al Tribunal de Cuentas en un plazo máximo de tres meses. Si se comprueba que el dinero no fue declarado, Pérez podría enfrentar graves sanciones por violar la ley de financiación de partidos políticos.
El artículo 304 ter del Código Penal establece que la financiación ilegal de partidos políticos puede ser castigada con penas de uno a cinco años de cárcel, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Si se confirman las acusaciones, Pérez y su partido, Se Acabó la Fiesta (SALF), podrían enfrentar graves consecuencias, ya que su formación obtuvo más de 800.000 votos y tres escaños en las elecciones europeas de 2024.
Futuro de la investigación
La Fiscalía del Tribunal Supremo está evaluando los documentos presentados y deberá determinar si hay suficiente evidencia para proceder con una investigación formal contra Pérez. Simultáneamente, la investigación en curso contra Romillo por presunta estafa piramidal ante la Audiencia Nacional podría arrojar más luz sobre el origen de los fondos utilizados en la campaña del eurodiputado.
Hasta el momento, Alvise Pérez no ha realizado declaraciones públicas sobre las acusaciones, y desde su partido tampoco se ha emitido ningún comunicado oficial. La investigación en curso será clave para esclarecer si hubo irregularidades en la financiación de la campaña de Pérez y qué repercusiones podrían derivarse de ello.
Este caso reabre el debate sobre la transparencia en la financiación de los partidos políticos en España y subraya la necesidad de un mayor control sobre las donaciones para evitar violaciones de la normativa electoral que pongan en riesgo la integridad del sistema democrático.