Madrid, 25 de septiembre de 2024 (EFE).- El Gobierno de España ha tomado la decisión de posponer la votación de la senda fiscal, un paso fundamental en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Este aplazamiento busca evitar una nueva derrota en el Congreso de los Diputados, después de que en una votación previa la propuesta fuera rechazada por los votos combinados de PP, Vox y Junts. Este movimiento supone un desafío estratégico para el Ejecutivo, que ahora debe redoblar esfuerzos en las negociaciones con los distintos grupos parlamentarios en un contexto político complejo y fragmentado.
¿Qué implica la senda fiscal?
La senda fiscal es el marco que define los límites de déficit y deuda pública que deben cumplir las distintas administraciones del Estado, incluyendo el Gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, durante los próximos tres años. Estos parámetros son esenciales para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, ya que son la base sobre la cual se construyen los presupuestos anuales. El déficit público, en este caso, se distribuye entre el Estado, la Seguridad Social, los entes autonómicos y locales, estableciendo objetivos específicos para cada una de estas áreas.
España está sujeta a un régimen de control fiscal que es supervisado tanto por las autoridades nacionales como por las europeas, en el que se busca mantener un equilibrio presupuestario que garantice la estabilidad económica del país. Aunque en algunos casos estos límites pueden flexibilizarse en función de la evolución económica, la senda fiscal sigue siendo un referente clave en la formulación de la política presupuestaria.
El trasfondo del aplazamiento
La decisión de aplazar la votación llega tras el revés sufrido por el Gobierno en julio de 2024, cuando la senda fiscal fue rechazada por el Congreso con los votos en contra del Partido Popular (PP), Vox y Junts per Catalunya (Junts). Este rechazo expuso la fragilidad del actual apoyo parlamentario con el que cuenta el Ejecutivo de coalición formado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y Unidas Podemos.
Para el Gobierno, la aprobación de la senda fiscal es un requisito indispensable para avanzar en la planificación de los Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2025. Sin dicha senda aprobada, la planificación de ingresos y gastos se estanca, creando un ambiente de incertidumbre tanto para el Ejecutivo como para las administraciones regionales y locales. El aplazamiento se percibe como una estrategia para ganar tiempo en la búsqueda de apoyos parlamentarios, particularmente de Junts, un partido que ha mostrado resistencia a respaldar las iniciativas del Gobierno en temas clave.
Implicaciones inmediatas del aplazamiento
El retraso en la votación conlleva varias consecuencias importantes. En primer lugar, el Gobierno incumplirá el plazo legal establecido para la presentación de los Presupuestos Generales del Estado, que vence el 1 de octubre. No obstante, el Ejecutivo tiene la opción de extender las negociaciones más allá de esta fecha, lo cual, aunque legalmente posible, incrementa la incertidumbre sobre la viabilidad de los presupuestos y la planificación financiera del país.
Si el Congreso no aprobara una nueva senda fiscal, la actual seguiría en vigor. Esta senda, diseñada en un contexto económico diferente, impone un régimen fiscal más restrictivo que afectaría principalmente a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, limitando su capacidad de gasto. El Ministerio de Hacienda ha advertido que el mantenimiento de la senda actual generaría tensiones adicionales en las administraciones locales, que ya enfrentan una presión significativa debido al aumento de los costes en servicios públicos y a los esfuerzos de recuperación económica post-pandemia.
El aplazamiento también genera preocupación en los mercados internacionales, que siguen de cerca la capacidad del Gobierno para gestionar su política fiscal. Una negativa del Congreso a aprobar la senda fiscal podría provocar una subida en la prima de riesgo del país, encareciendo los costes de financiación para el Estado y afectando negativamente la confianza de los inversores.
El papel de Junts en las negociaciones
El futuro de la senda fiscal y de los Presupuestos Generales del Estado depende en gran medida de las negociaciones que el Gobierno logre con Junts, un partido independentista catalán que se ha convertido en un jugador crucial en la fragmentada aritmética parlamentaria actual. Aunque Junts ha mantenido tradicionalmente una postura contraria al Gobierno central en temas fundamentales, el equilibrio de poder en el Congreso ha hecho que su apoyo sea indispensable para la aprobación de medidas clave.
El Gobierno también deberá buscar alianzas con otros partidos minoritarios y regionalistas, que hasta ahora han mostrado reservas respecto a la política fiscal del Ejecutivo. La capacidad del Gobierno para asegurar estos apoyos no solo determinará el éxito de la senda fiscal, sino también la viabilidad de los Presupuestos Generales del Estado para 2025.
Posibles escenarios en caso de un nuevo rechazo
Si el Congreso rechaza nuevamente la senda fiscal, el Gobierno se vería obligado a operar bajo un marco más restrictivo, lo que podría tener repercusiones significativas en áreas críticas como la sanidad, la educación y las infraestructuras, que dependen de un incremento en el gasto público. Además, las comunidades autónomas, muchas de las cuales ya han manifestado su preocupación por la falta de recursos, podrían enfrentarse a dificultades adicionales en la gestión de sus finanzas.
Un nuevo rechazo también afectaría la estabilidad política del Ejecutivo, que se vería debilitado de cara a futuras negociaciones parlamentarias. En un contexto de creciente polarización política, la capacidad del Gobierno para gestionar su política fiscal y presupuestaria se presenta como un desafío determinante para la estabilidad económica y política del país.
El Gobierno renuncia a presentar los Presupuestos en plazo. No tiene apoyos para aprobar la senda de estabilidad este jueves en el Congreso, así que ha preferido retirarla y evitar así una nueva derrota parlamentaria
— Telediarios de TVE (@telediario_tve) September 24, 2024
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El aplazamiento de la votación de la senda fiscal refleja las tensiones internas en el Parlamento y la delicada situación política en la que se encuentra el Gobierno. El Ejecutivo debe ahora concentrar sus esfuerzos en asegurar el apoyo de Junts y otros partidos clave para poder avanzar en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y evitar mayores tensiones económicas y políticas. Si no logra consensuar una nueva senda fiscal, las implicaciones podrían ser profundas, tanto para la gobernabilidad como para la estabilidad económica del país en los próximos años.