Madrid, 11 de octubre de 2024 – La reciente controversia que involucra al Partido Popular (PP) por su apoyo a una reforma legal que podría anticipar la salida de algunos presos de ETA ha generado tensiones internas y un encendido debate. Aunque la cúpula del partido sostiene que sus diputados fueron “engañados” por el Gobierno, varios integrantes de la Comisión de Justicia del PP han reconocido que sí sabían los detalles de la votación, lo que contradice la versión oficial.

Ana Belén Vázquez, una de las diputadas claves en este asunto, defendió públicamente la decisión de respaldar la ley, la cual incluía una enmienda de Sumar. Dicha enmienda anulaba una disposición implementada por el Gobierno de Mariano Rajoy para impedir que los años de prisión cumplidos en otros países se contaran para reducir las condenas de etarras en España. Vázquez justificó el voto a favor al señalar que la ley era una “trasposición” obligatoria de una directiva europea.

Declaraciones de Ana Belén Vázquez

En su intervención en el programa Todo es Mentira de Cuatro, Ana Belén Vázquez explicó que el PP votó a favor debido a la Decisión Marco 2009/315 de la Unión Europea, la cual establece normas sobre el intercambio de antecedentes penales y el reconocimiento de sentencias judiciales entre los estados miembros. Según Vázquez, los abogados de varios etarras estaban ganando sus apelaciones basadas en esta directiva, que permite contabilizar el tiempo cumplido en cárceles extranjeras dentro de las penas impuestas en España.

“El verdadero problema es que el Código Penal español limita las condenas a un máximo de 30 años”, dijo Vázquez, refiriéndose a la legislación española que facilita la reducción de las penas para terroristas. Agregó que la trasposición de la directiva era inevitable y que, aunque el PP hubiera votado en contra, la normativa seguiría en vigor.

Divisiones dentro del PP

A pesar de las declaraciones de Vázquez, la dirección del PP, encabezada por Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido que el partido fue víctima de una “trampa” del Gobierno. Borja Sémper, portavoz del PP, acusó al Ejecutivo de actuar de manera opaca durante la tramitación de la ley, ocultando las posibles consecuencias de la reforma en cuanto a la liberación de presos de ETA.

“Nos preocupa profundamente este movimiento del Gobierno, que permite que etarras altamente peligrosos salgan de prisión sin cumplir sus penas completas en España”, señaló Sémper.

Por su parte, Feijóo criticó al Gobierno por favorecer a los presos de ETA con el propósito de asegurar el apoyo político para Pedro Sánchez. “Es grave que el Ejecutivo haya impulsado esta reforma para facilitar la liberación de terroristas condenados, solo para mantener a Sánchez en el poder”, declaró el líder del PP.

Postura del equipo jurídico del PP

Fuentes del equipo jurídico del PP confirmaron las afirmaciones de Ana Belén Vázquez, asegurando que los diputados conocían lo que votaban y que apoyaron la ley porque era una obligación derivada del derecho comunitario. Estas mismas fuentes explicaron que, aunque la enmienda de Sumar derogaba una disposición clave de Rajoy, la directiva europea debía cumplirse en cualquier caso. No obstante, indicaron que las consecuencias de la reforma no serían tan graves como algunos están sugiriendo.

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El debate se intensificó cuando el diario de sesiones del Congreso mostró que el 10 de septiembre, durante la votación en la Comisión de Justicia, el PP respaldó el dictamen completo de la ley, que incluía la enmienda de Sumar. La votación resultó en 34 votos a favor, incluidos los del PP, y tres abstenciones por parte de Vox.

Reacciones del Gobierno

Desde el Gobierno, las críticas del PP han sido recibidas con escepticismo. Fuentes gubernamentales han defendido la transparencia y legalidad del proceso de trasposición de la directiva europea, negando cualquier intención de favorecer a los presos de ETA. Aseguran que el Ejecutivo solo cumplió con sus obligaciones internacionales, conforme a la normativa comunitaria.

A pesar de las explicaciones ofrecidas tanto por el PP como por el Gobierno, la controversia sigue latente. La posibilidad de que algunos condenados por terrorismo vean reducidas sus penas ha generado indignación en diversos sectores de la sociedad. El papel del derecho comunitario en estas decisiones judiciales continúa siendo un tema relevante en el debate político español.

Impacto en la imagen del PP

La votación en la Comisión de Justicia ha provocado una crisis interna en el Partido Popular. Distintas facciones del partido han expresado su malestar por la gestión de esta votación, y algunos temen que las declaraciones contradictorias puedan perjudicar la imagen del PP ante la opinión pública.

Con el foco aún en los detalles de esta reforma, el PP enfrenta interrogantes sobre su capacidad para abordar cuestiones delicadas relacionadas con el terrorismo y la justicia, mientras busca consolidarse como el principal partido de la oposición en España.

La controversia que ha surgido a raíz de esta votación resalta los desafíos a los que se enfrenta el PP, tanto a nivel interno como en su relación con el Gobierno, en un contexto donde la seguridad y la justicia continúan siendo temas centrales en la política española.