Balance 2025 pone bajo observación a universidades, institutos y CFT con números rojos
Veintitrés instituciones de educación superior finalizaron el año 2025 con pérdidas por un total cercano a $30.800 millones, según los estados financieros recopilados por la Superintendencia de Educación Superior y difundidos en prensa. La suma es inferior a las pérdidas agregadas en 2024, que alcanzaron aproximadamente $43.800 millones, pero las cifras mantienen en vigilancia la situación financiera de varios planteles.
El análisis divulgado por medios nacionales indica además que 11 instituciones que registraron resultados negativos en 2024 volvieron a aparecer en esa condición en el último balance, y que las dificultades se concentran especialmente en el ámbito técnico-profesional.
- Total pérdidas 2025: $30.800 millones (consolidado).
- Comparación 2024: pérdidas por aproximadamente $43.800 millones.
- Instituciones con mayores déficits: INACAP, Universidad Santo Tomás e Instituto Profesional ARCOS.
- CFT estatales: siete de 15 centros de formación técnica estatales cerraron 2025 con pérdidas.
Entre los planteles con los déficits más elevados figuran:
| Institución | Pérdidas 2025 |
|---|---|
| Universidad Tecnológica de Chile INACAP | $9.935 millones |
| Universidad Santo Tomás | $7.904 millones |
| Instituto Profesional de Arte y Comunicación ARCOS | $4.172 millones |
La información publicada subraya que la educación técnico-profesional enfrenta mayores presiones para consolidar matrículas, financiar operaciones y mantener infraestructura. En el caso de los centros de formación técnica estatales, siete de los 15 CFT de la red cerraron el ejercicio con números rojos, dos más que en 2024, con los resultados más complejos en centros de las regiones de O'Higgins, Tarapacá y Biobío.
El reporte y las cifras fueron difundidos por medios nacionales que revisaron los estados financieros entregados a la Superintendencia de Educación Superior; El Mercurio publicó un resumen del diagnóstico financiero que alerta sobre la posibilidad de intervención estatal en planteles con deterioro patrimonial.
Las autoridades competentes, incluida la Subsecretaría correspondiente y la Superintendencia, mantienen bajo observación los balances y pueden aplicar medidas administrativas según la normativa vigente para resguardar la calidad y sostenibilidad de la oferta educativa, conforme a lo informado por los medios que accedieron a los estados financieros.
