La controversia por la rebaja de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad sumó este sábado una actuación dentro de la Cámara de Diputadas y Diputados. Los parlamentarios de la UDI Flor Weisse y Sergio Bobadilla presentaron un requerimiento ante la Comisión de Ética contra el diputado del Frente Amplio Jaime Bassa, y pidieron que esa instancia examine la eventual aplicación de sanciones.
Requerimiento por las declaraciones del diputado
La presentación se relaciona con afirmaciones realizadas por Bassa después de conocerse las rebajas concedidas a 56 condenados por delitos sexuales contra menores. El legislador vinculó esas decisiones con la existencia de una supuesta organización criminal internacional, una acusación que fue cuestionada por parlamentarios de distintos sectores debido a que, según plantearon, no había antecedentes expuestos públicamente que respaldaran una imputación de esa magnitud.
“Esto no es un error. Es una manifestación más de una red de pedofilia internacional”.
Tras el anuncio de la presentación ante la Comisión de Ética, Bassa no retiró sus dichos. El diputado sostuvo que mantendría su posición y que esperaba ser notificado formalmente por la instancia parlamentaria. El requerimiento de Weisse y Bobadilla abre así una revisión de carácter interno en la Cámara, separada de las acciones judiciales anunciadas durante los últimos días.
- 56 penas fueron rebajadas en el caso que originó la controversia.
- La UDI solicitó que la Comisión de Ética evalúe eventuales sanciones para Bassa.
- El ministro Fernando Rabat encargó preparar una querella criminal contra el diputado.
Querella anunciada por el ministro de Justicia
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, anunció que había encargado la preparación de una querella criminal contra Bassa, tras considerar que las declaraciones del parlamentario afectaron su honra. El diputado respondió acusando al secretario de Estado de desviar la atención del debate sobre las rebajas de condenas y reiteró sus cuestionamientos a la gestión de Rabat.
En paralelo, la Fiscalía Metropolitana Centro Norte mantiene abierta una investigación por una denuncia de eventual prevaricación administrativa vinculada a las rebajas de condenas. La indagatoria involucra al ministro Rabat y al ahora exsubsecretario de Justicia Luis Silva, y se originó en una presentación de los diputados Luis Cuello, del Partido Comunista, y Juan Santana, del Partido Socialista.
El caso reúne, por una parte, el debate sobre las decisiones administrativas que permitieron reducir las condenas y, por otra, las consecuencias parlamentarias y judiciales derivadas de las declaraciones de Bassa. La Comisión de Ética deberá abordar el requerimiento presentado por los diputados UDI, mientras la Fiscalía continúa con la investigación relacionada con la actuación de autoridades de Justicia.
