La controversia por los decretos que permitieron reducir las condenas de 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad continúa tensionando al Gobierno del Presidente José Antonio Kast. El Ejecutivo sostuvo que la oposición ha convertido el caso en un conflicto político, mientras el Mandatario mantiene en su cargo al ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien firmó los decretos cuestionados.
El planteamiento fue expuesto por el subsecretario de la Secretaría General de Gobierno y portavoz de la Administración, Gonzalo Arenas, durante una entrevista en el programa Mesa Central, de Canal 13. Arenas afirmó que los antecedentes sobre los beneficiarios de las rebajas han aparecido de manera gradual y atribuyó esa secuencia a una estrategia de la oposición para instalar el tema en la discusión pública.
“No hay que ser adivino para darse cuenta que aquí se había puesto un objetivo político en la oposición”.
El portavoz agregó que, a su juicio, la controversia responde a una acción planificada y defendió que la normativa involucrada tiene una trayectoria extensa. Según sus declaraciones, la legislación lleva más de 20 años vigente y la excepción aplicada a condenados por delitos sexuales habría operado durante más de cinco años. Arenas también sostuvo que quienes actualmente impulsan el debate ya disponían de antecedentes sobre el funcionamiento de este mecanismo.
La decisión de mantener al ministro
La continuidad de Rabat se produce después de que el propio Presidente calificara como un error lo ocurrido y reconociera que “el Estado les falló” a las víctimas. Pese a esa evaluación, Kast confirmó al ministro en su puesto en medio de solicitudes de la oposición y de sectores de la derecha tradicional que han planteado su salida.
Arenas explicó que el secretario de Estado permanece en funciones porque el Presidente considera que no se cumplen las condiciones para una acusación constitucional. El portavoz también señaló que Rabat había sostenido inicialmente que no cometió una equivocación y que actuó conforme a la normativa vigente.
- 56 personas condenadas fueron beneficiadas con rebajas de penas, según los antecedentes citados por El País.
- Los decretos cuestionados fueron firmados por el ministro de Justicia, Fernando Rabat.
- José Antonio Kast reconoció un fallo del Estado hacia las víctimas, pero ratificó al ministro.
Antecedentes de la normativa
El debate también se relaciona con una reforma aprobada en febrero de 2022, durante el segundo Gobierno de Sebastián Piñera. Esa modificación estableció el rechazo del beneficio para personas condenadas por este tipo de delitos. De acuerdo con Arenas, sin embargo, la excepción cuestionada se habría mantenido en aplicación durante los años posteriores.
La crisis comenzó a escalar el 21 de octubre, fecha en que Arenas asumió la vocería del Gobierno y en que se conocieron públicamente los primeros antecedentes del caso. Desde entonces, la discusión se ha concentrado en el criterio aplicado por el Ministerio de Justicia, la responsabilidad política de sus autoridades y la permanencia de Rabat en el gabinete.
