En medio de la controversia por la autorización de rebajas de penas a personas condenadas por delitos sexuales contra menores, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast pasó esta semana de la defensa jurídica a una estrategia política para contener la crisis y respaldar al ministro de Justicia, Fernando Rabat.
El caso, que incluye la tramitación de medidas administrativas cuestionadas en los últimos días, motivó una reunión en La Moneda convocada esta mañana a las 8:30, donde el Presidente se reunió con los timoneles de las colectividades oficialistas para analizar la situación y coordinar la respuesta del Ejecutivo.
Como parte de las medidas adoptadas por el ministerio, el Gobierno informó el congelamiento de la tramitación de los decretos que aún podían detenerse y comprometió la discusión con urgencia de proyectos de ley para abordar la materia en el Congreso. Además, la Subsecretaría puso públicamente la confianza presidencial en el ministro Rabat.
"Absurdo"
Arturo Squella, timonel del partido Republicano, a la salida de la reunión en La Moneda
En la declaración a la salida del encuentro, el presidente del partido Republicano, Arturo Squella, calificó como "absurdo" que se pretenda acusar a un ministro por actos administrativos que, según su criterio, se ajustan a la ley. En paralelo, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, señaló que la responsabilidad se reparte entre la normativa vigente y los tribunales y pidió que se otorgue discusión inmediata al proyecto de ley que busca corregir las lagunas señaladas.
Reacciones y próximos pasos
Desde la oposición se anunció la intención de avanzar en una acusación constitucional contra el ministro Rabat. Parlamentarios de distintas bancadas han señalado su voluntad de definir formalmente la presentación del libelo el miércoles 28 de octubre, cuando se realice una sesión especial en el Congreso para que el secretario de Estado explique las decisiones adoptadas.
- Medida administrativa: congelamiento de decretos que estaban en tramitación.
- Respuesta legislativa: compromiso gubernamental de impulsar proyectos con urgencia para reformar las normas aplicables.
- Plazo político: la oposición fijó para el 28 de octubre la sesión en la que evaluará la acusación constitucional.
La controversia se instaló después de la difusión de acuerdos administrativos que habrían permitido rebajas de condenas a un grupo de sentenciados por delitos sexuales contra menores; se trata de 56 sentenciados, una cifra que potenció la reacción política y ciudadana.
| Actor | Acción o postura |
|---|---|
| Presidente José Antonio Kast | Convocó a timoneles oficialistas para coordinar la respuesta del Gobierno. |
| Ministro Fernando Rabat | Objeto de la investigación política; respaldo público del Ejecutivo y compromiso de cambios legales. |
| Partidos oficialistas | Cierre de filas en apoyo y petición de trámite legislativo urgente (según declaraciones de dirigentes). |
| Bancadas opositoras | Preparan una eventual acusación constitucional con sesión especial el 28 de octubre. |
El Congreso deberá ahora definir si adelanta el debate sobre las reformas anunciadas y si la oposición formaliza la acusación constitucional prevista para la próxima semana.
