La Contraloría General de la República informó la detección de 315 funcionarios y servidores públicos asociados a 317 registros de condena por crimen o simple delito. El hallazgo consta en el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°29, elaborado a partir del cruce de antecedentes de organismos públicos.
Según el organismo fiscalizador, la permanencia de personas con este tipo de condenas en la administración del Estado incumple la prohibición legal para ejercer cargos públicos. Del total identificado, 149 personas trabajan en el gobierno local y 166 en el gobierno central. La revisión consideró información del Registro Nacional de Condenas del Servicio de Registro Civil e Identificación, del Servicio Electoral y del Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado.
Registros en instituciones de Los Ríos y el sur
Entre los servicios y municipalidades con mayor número de personas incluidas en el consolidado aparece la Municipalidad de Valdivia, con seis funcionarios. También figuran la Municipalidad de Puerto Montt, con cuatro casos, y otras entidades municipales de distintas regiones. El listado es encabezado por Carabineros de Chile, con 84 funcionarios, seguido por el Ejército, con 22, la Armada, con ocho y la Fuerza Aérea, con cinco.
| Institución o entidad | Personas registradas |
|---|---|
| Carabineros de Chile | 84 |
| Ejército de Chile | 22 |
| Municipalidad de Valdivia | 6 |
| Municipalidad de Puerto Montt | 4 |
En cuanto a la naturaleza de las condenas, el informe registra 73 personas condenadas por crímenes y 244 por simples delitos. La diferencia entre el número de personas y el de registros se explica porque dos funcionarios aparecen vinculados a más de una sentencia.
Investigaciones y eventual inhabilidad
La Contraloría ordenó a las entidades involucradas iniciar las investigaciones correspondientes y establecer eventuales responsabilidades administrativas por una posible omisión: no haber informado las condenas a los respectivos jefes de servicio. También instruyó comenzar el procedimiento destinado a aplicar la inhabilidad sobreviniente cuando corresponda.
El organismo explicó que esa figura se produce cuando una circunstancia posterior al ingreso de una persona a la administración pública le impide continuar ejerciendo un cargo estatal. Las instituciones deberán, además, informar si las condenas fueron evaluadas y consideradas oportunamente en los procesos de calificación funcionaria, conforme a los criterios de comportamiento social y probidad.
- 315 funcionarios y servidores públicos fueron identificados.
- Los casos están asociados a 317 registros de condena.
- 149 personas pertenecen al gobierno local y 166 al gobierno central.